7 propuestas ambientales al Comando de Bachelet

Santiago, miércoles 21 de agosto de 2013, por Luis Alberto Gallegos, editorial Boletín GAL.-  Los irrebatibles datos cuantitativos y cualitativos del escenario político y las tendencias del proceso eleccionario, nos permiten avizorar un desenlace donde el nuevo bloque histórico (*) emergente hoy podría instalar en noviembre próximo a Michelle Bachelet en el gobierno de Chile. Frente a ello, resulta indispensable contribuir a visualizar los temas ambientales que hoy se imponen como desafíos. Entre ellos, consideramos que podrían ser los siguientes:

 

1. El cambio climático es hoy el tema más relevante a nivel global, nacional y local. Asumirlo requiere el concurso de los tres actores clásicos de toda gestión ambiental, las autoridades políticas, la ciudadanía y el empresariado. Para ello, sería preciso considerar la necesidad de generar propuestas que expresen una suerte de gobernanza climática.  Esta nueva gobernabilidad específica en nuestro país podría considerar sinergias, acuerdos y planes respecto a la gestión climática local, regional y nacional, en torno a acciones que señala el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, tanto en su versión 2008-2012, como con el que probablemente le suceda para el período 2013-2017. Asimismo, esta gobernanza climática podría incluir en su acción las responsabilidades que nos corresponden como país en relación a las Conferencias de las Partes COP Nº 19, en este próximo mes de diciembre 2013 en Varsovia, la COP Nº 20, de diciembre del 2014 en Lima, y la COP Nº 21 de diciembre del 2015 en París. Esta última COP es clave, porque allí se debe decidir por un nuevo acuerdo global que reemplace al Protocolo de Kioto y genere compromisos nuevos y audaces en un eventual Protocolo de París. Chile tiene hoy la oportunidad y el reto de constituirse en uno de los países líderes en América Latina en esta materia, de hacerse cargo de sus responsabilidades comunes pero diferenciadas, y manteniendo y profundizando la misma línea de compromiso que el anterior gobierno de Bachelet expresó en la COP Nº 15 de diciembre de 2009, donde se presentó la Estrategia 20/20/20.

 

2. La gestión de recursos hídricos es una urgencia a abordar prioritariamente. La sequía y las crisis hídricas de 102 comunas del país ponen este tema en la agenda ambiental de modo fundamental para el próximo gobierno de Bachelet. Es de Perogrullo señalar que la sequía actual de Chile –semejante a la que globalmente se percibe en diversas latitudes- es un efecto del calentamiento global que trae aparejado procesos de desertificación, carencias hídricas, alteraciones en los procesos agropecuarios y riesgos alimentarios. Las políticas de Piñera en esta materia (construcción de embalses, inyección de napas subterráneas, inducción de nubes y construcción de un acueducto de Sur a Norte), hay que revisarlas en su eficacia y rediseñar una política de Estado que, del mismo modo que en el cambio climático, genere una nueva gobernanza hídrica que comprometa a los tres actores indicados. Hay que pensar en innovadoras tecnologías que permitan que en el Norte de Chile –zona más vulnerable ante la sequía-, se pueda acceder a nuevas formas de obtención de agua potable, como, por ejemplo, con plantas desalinizadoras destinadas para consumo humano y no solo para uso industrial o minero. Asimismo, es preciso repensar y potenciar la política agropecuaria y alimentaria del país generando la adaptación al cambio climático, tal como lo viene impulsando el Instituto de Investigaciones Agrarias, INIA, y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, del Ministerio de Agricultura, MINAGRI.

 

3. La energía y la vulnerabilidad energética del país impone la necesidad de reformular la composición de la matriz energética, inyectando nuevo rol a las energías renovables no convencionales, ERNC, y ampliando su participación del 3,4% a un efectivo 20% de la misma en un período razonable que bien pudiera ser el 2020, manteniendo la Estrategia 20/20/20 de diciembre del 2009. Limpiar la matriz energética y desarrollar la eficiencia energética, va de la mano con resolver el tema de la descarbonización de la producción, desacoplar el Producto Interno Bruto, PIB, del consumo de energía, y también en prevenir y resolver adecuadamente los conflictos socio-ambientales que pudieran extenderse en el siguiente período. Aquí, por cierto, el tema de las termoeléctricas es un caso urgente a atender.

 

4. Los residuos sólidos domiciliarios (RSD) y los 384 kilogramos de basura per cápita al año que produce cada chileno actualmente, nos coloca muy por encima del promedio de otros países de América Latina, de 230 kilos. Además, es un tema fuente de conflictos locales y municipales. La solución que propone la actual Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere, es que se deben construir al menos 27 nuevos  rellenos sanitarios, además de los 25 que ya existen en el país. A nuestro juicio, es posible pensar también en otras opciones. Por ejemplo, fomentar mayores tasas de reciclaje en la nueva Ley General de Residuos, incluyendo a los recicladores en dicha normativa, fomentando la organización y desarrollo empresarial de los actuales 60.000 recicladores, impulsando fuertemente la RSE de las empresas respecto a sus residuos o la denominada Ley de Responsabilidad Extendida al Productor (REP); y, sobre todo, apoyando la generación de plantas de biogás en las comunas que tengan condiciones territoriales propicias, donde hayan ventajas comparativas mayores, sinergias intercomunales y voluntades políticas favorables por parte de los municipios.

 

5. El Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) del Ministerio del Medio Ambiente, junto con el Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos Educacionales (SNCAE), se ha convertido en uno de los programas claves y emblemáticos de gestión ambiental local del ramo. Hay que impulsarlo de forma potente generando amplias y eficaces sinergias con otros actores locales, inyectando recursos para desarrollo técnico, participación ciudadana, difusión y eficaces estrategias de educación ambiental. En particular, el SCAM se configura como la antesala de experiencias de gestión ambiental local expresadas en las Ecocomunas y Ecobarrios, prácticas tan exitosas en otros países. El 2014 es, quizá, el momento apropiado para brindar un potente impulso a este tema.

 

6. La participación ciudadana es un tema candente y controvertido en los diferentes procesos ambientales del país, desde el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, hasta la gestión ambiental local. No solo es perceptible que se carece de una política de gestión de controversias y conflictos socio-ambientales, sino que no existen políticas, instrumentos y capacidades para resolverlos. La ciudadanía percibe que no está participando como corresponde o que sus opiniones o decisiones son adoptadas solo de modo consultivo y que no tienen carácter vinculante. Quizá habría que generar un amplio debate ciudadano –que pudiera incluir una consulta plebiscitaria- en donde se reciban propuestas de la ciudadanía de los modos, profundidad y mecanismos más expeditos para repensar y generar políticas públicas más asertivas en esta materia. Hoy en día, tanto en Chile como en diversos países de América Latina, la participación ciudadana se expresa fundamentalmente en el desarrollo de conflictos socio-ambientales y en las demandas de la gente por un entorno limpio, calidad de vida digna y el rechazo a proyectos contaminantes y depredadores principalmente mineros, forestales y termoeléctricos. En esta perspectiva, uno de los aspectos en donde la participación ciudadana no está definida suficientemente es en lo referente a los Planes de Cierre mineros (**). Y, definitivamente, donde hay riesgos de mayor conflicto es en las comunidades indígenas donde sus derechos están vinculados con la educación, uso de los recursos naturales y llegar a acuerdos con ellas para el desarrollo de proyectos mineros, geotérmicos, etc. Los pueblos originarios son los que con mayor sensibilidad perciben que sus derechos son vulnerados sin respetar el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que establece la consulta obligatoria a los pueblos originarios a medidas que los afecten. Hoy, en Chile, la participación ciudadana ambiental, debe ser reformulada en nuevas políticas públicas que garanticen a la ciudadanía que su voz, opinión y decisiones se respeta por parte del Estado y el gobierno.

 

7. La institucionalidad ambiental ha sido modificada con la Ley Nº 20.417. Entre las diversas razones que se esgrimió para modificar la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente o Ley Nº 19.300, se señaló que se debía a la necesidad de dotar al sector de una estructura legal moderna, acorde a los nuevos requerimientos del tema ambiental y otorgarle mayor poder de fiscalización y accionar político. No obstante, siendo un gran avance, la nueva normativa preserva aún el carácter de una institucionalidad híbrida, en donde el Ministerio del Medio Ambiente tiene poderes limitados y quien posee toda la autoridad para las grandes decisiones resulta ser el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Asimismo, la nueva institucionalidad, si bien otorga o agrega tres nuevas responsabilidades ambientales a los municipios sumándolas a las tres tareas ya preexistentes en la Ley Orgánica de Municipalidades, LOC, no les brinda los suficientes recursos técnicos y financieros a los gobiernos locales. Esta situación amerita repensar y diseñar correctivos que normen estas deficiencias y potencien al Ministerio del Medio Ambiente como un efectivo instrumento político empoderado, técnicamente eficiente y con suficientes recursos.

 

Estos siete puntos son -entre otros que, por cierto, pudieran perfectamente agregárseles-, a nuestro juicio, los más relevantes y urgentes a repensarse, incluirse en un programa de gobierno y desarrollarse en una eventual próxima administración de Bachelet. Este podría ser un proceso de políticas públicas que debiera gestarse del mismo modo cómo se pretende desarrollar la actual campaña electoral: desde abajo, con la participación de la gente, con consultas públicas y con transparencia. (FIN)

……………….

 

(*)  http://www.socialismo-chileno.org/febrero/Biblioteca/portelli.pdfm

(**) El Cierre y Abandono es el conjunto de actividades que deben ejecutarse para devolver a su estado inicial las zonas intervenidas por una instalación minera. Un punto que no se ha abordado bien en el SEIA es sobre los Planes de Cierre. Si bien, existe un punto vinculado a la Participación Ciudadana, sólo es informativa y no permite a la comunidad evaluar el cierre de las faenas para que permita una verdadera “Licencia Social para Salir”.