COP 19: Vergüenza global

Santiago, Chile, lunes 25 de noviembre de 2013, por Luis Alberto Gallegos, editorial Boletín GAL.- Como era de esperarse, la COP 19 ha culminado sin pena ni gloria, sin acuerdos ni documentos ni borradores significativos en materia de cambio climático. Se veía venir este desenlace. Los expertos y científicos del IPCC y del mundo académico lo avizoraban; los jefes de gobierno y decidores de políticas públicas lo intuían -sin ánimo propio de coraje y audacia-; y la ciudadanía global nuevamente apretaba los dientes de rabia e impotencia.

 

Presiones y hegemonismo descarado

 

Y esta es la segunda vez que los EEUU lo hace. Ya en diciembre de 2009, en la COP 15 de Copenhague, la administración norteamericana avergonzó a los líderes de la ONU al pasar sobre ellos y articular una reunión paralela -en la habitación de un hotel- con los delegados de las mayores potencias mundiales para hacerles suscribir un documento alternativo al que se discutía en la plenaria de la cumbre. Naturalmente, un documento regresivo ante el cambio climático y que, al intentar que fuera refrendado por la plenaria, se ganó el rechazo inmediato de los asistentes. La COP 15 culminó en un desastre, con un cuestionamiento a la capacidad de la ONU de poder garantizar mecanismos democráticos y transparentes y con severas medidas represivas a las organizaciones ciudadanas europeas e internacionales que allí se hicieron presentes.

 

Ahora, los EEUU nuevamente repite el plato en la COP 19 de Varsovia. Pero ya no con una reunión paralela, sino con un memorando dirigido a diplomáticos destinados en varias embajadas de países y donde presionaba para evitar que el capítulo sobre daños y pérdidas del cambio climático fuera incluido como un nuevo eje para enfrentar el cambio climático, del mismo modo que el de mitigación y adaptación. Claro, la administración Obama presionó para ello a fin que las responsabilidades por altas emisiones no recayeran en los EEUU y, de ese modo, zafarse de culpa alguna y tener que pagar costos por los daños y pérdidas multimillonarias que el calentamiento global ocasiona, tal como lo señaló el delegado filipino al denunciar el superciclón Haiyan que su nación sufrió. Como suele ocurrir, este memorando se filtró a la prensa internacional y los EEUU nuevamente quedaron al descubierto como una administración no solo regresiva ante el cambio climático –a pesar de las enormes tragedias que ya ha sufrido su propia gente por huracanes y sequías-, sino como un actor político con un estilo de gestión retorcido, antidemocrático y maquiavélico.

 

Obama y las corporaciones

 

A pesar que recientemente Obama ha dado la instrucción para el desarrollo de un plan de acción contra el calentamiento global a través de su Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), lo cierto es que ese mismo instructivo tiene pocas posibilidades de concretarse debido a los obstáculos y presiones que las grandes corporaciones de combustibles fósiles y del propio partido Republicano ejercen sobre la administración norteamericana.

 

Por tanto, pretender que los EEUU se puedan sumar hoy, el próximo año o en el 2015 a acuerdos de recortes sustanciales de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de medidas drásticas de adaptación -sobre todo al sector agricultura y alimentación- y de apoyo financiero a los países vulnerables, en riesgo o directamente afectados por tragedias, es una ilusión.

 

Los poderes fácticos de los EEUU disponen de su propia estrategia que les conduce a ejercer una especie de poder paralelo al de Obama y, lo más grave, un poder paralelo y omnímodo al de la ONU y las propias cumbres climáticas. Tal como se señala en un artículo en esta misma edición, son 90 las corporaciones económicas que están detrás de este poder global paralelo que se propone evitar éxitos de todas las COP y administrar las decisiones políticas climáticas y ambientales hacia la extinción del Planeta.

 

Las opciones de la ciudadanía ambiental global

 

En este desalentador escenario, podría inferirse que es bien poco lo que los pueblos, ciudadanías y naciones del mundo pudieran hacer. Pero no es así. La historia la hacen los pueblos no los gobernantes ni los monopolios económicos. Este paradigma vigente de la historia de la humanidad a veces se nos queda en las tinieblas ante tanta barbarie y oscurantismo.

 

En lo concreto, el 2014 es un año decisivo que puede constituirse en un punto de inflexión crucial de todo este proceso global. La realización de la COP 20 en diciembre de ese año en Lima, Perú, podría convertirse en un evento de alteración sustancial de la correlación de fuerzas dentro de la ONU, de la propia cumbre y de una presencia legítima de la ciudadanía climática y ambiental global. América Latina no es Europa, ni Lima es Copenhague ni Varsovia.

 

Una primera opción es la necesidad de que las organizaciones ciudadanas presionen a fin de exigir posiciones claras de sus gobiernos en algunos temas concretos sobre el cambio climático. El primero y fundamental es el respaldo irrestricto de la cumbre de Lima al conjunto del V Informe del IPCC –que para diciembre 2014 ya debe haberse publicado en su integridad-. Sobre esta línea base es posible diseñar una estrategia –de tres ejes: mitigación, adaptación y daños y perjuicios-, que sea el documento borrador del futuro Protocolo de París, que en 2015 reemplace al Protocolo de Kioto.

 

Una segunda opción es ejercer el derecho ciudadano global del Principio 10 y lo estipulado en la Agenda 21 de la Cumbre de Río de Janeiro de 1992, respecto a la participación ciudadana en la información e incidencia en las políticas públicas ambientales de sus respectivos gobiernos. Este asunto es fundamental a fin que la ciudadanía organizada puede disponer de condiciones políticas, financieras y logísticas no solo para generar espacios de diálogo, organización y participación dentro de sus respectivos países, sino también para ampliar, garantizar e institucionalizar los mismos derechos dentro de los espacios y mecanismos de la COP 20 de Lima, de la COP 21 de París y de las siguientes que organice la ONU.

 

Caso de Chile

 

Chile tiene un compromiso global y con la ONU adquirido el 19 de diciembre de 2009 en la COP 15 o cumbre de Copenhague, consistente en ejecutar la Estrategia 20/20/20. Esta estrategia reside en el compromiso de Chile de reducir en 20% las emisiones de GEI, en aumentar en 20% las energías renovables no convencionales (ERNC) y todo ello para el año 2020.

 

El actual gobierno ha promulgado la Ley 20/25 que significa aumentar las ERNC en 20% para el año 2025. No obstante, el compromiso de reducción de emisiones no ha sido asumido por la administración del presidente Piñera. Al contrario, los diversos proyectos en carpeta de termoeléctricas a carbón solo conducirían a un incremento notable de las emisiones a tal punto que la propia Comisión Nacional de Energía (CNE) indica que, de seguir la actual tendencia y aprobación de proyectos termoeléctricos a carbón, podríamos cuadriplicar al 2020 las emisiones de GEI, pasando de 0,2% a 0,8% globales.

 

La nueva y eventual administración de Michelle Bachelet tendría, por tanto, varios desafíos en esta materia: cumplir con el compromiso de la Estrategia 20/20/20 que se suscribió durante su anterior administración en la COP 15 por la entonces ministra de Medio Ambiente Ana Lya Uriarte y enviar al parlamento un proyecto modificatorio de la Ley 20/25 adaptándola a la estrategia antes señalada.

 

Además, respecto al Principio 10, le correspondería al nuevo gobierno  generar espacios y mecanismos eficaces de participación ciudadana ambiental que permitan su incidencia en las propuestas que se elaboren y diseñen como país para la COP 20 de Lima y la COP 21 de París; asimismo, le correspondería al próximo gobierno el garantizar el acceso a la información, organización y asistencia de las organizaciones ciudadanas y socio-ambientales a las respectivas cumbres climáticas indicadas.

 

En este sentido, es una buena señal lo señalado por el Jefe de la Delegación chilena en la COP 19, Waldemar Coutts, Director de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos de la Cancillería, cuando dice:

 

“En relación al proceso para alcanzar este acuerdo post-2020, queremos mencionar la importancia de la COP de Lima. Ella se erige como un hito estratégico de cara a la adopción del nuevo régimen climático en 2015. Como país latinoamericano y miembro de AILAC, al igual que Perú, nuestro país está comprometido con la COP 20 y con la adopción de un nuevo régimen climático” (ver nota aparte en esta misma edición).

 

Ciudadanía climática y ambiental

 

Consideramos que a las organizaciones socio ambientales, ciudadanas y de productores de nuestro país, les puede corresponder un papel de primer orden en este proceso. Se han realizado movilizaciones, protestas y propuestas respecto a la sequía, heladas y otros impactos del cambio climático en diversas regiones del país. Y hasta el momento no han tenido los resultados que permitan enfrentarlos con eficacia.

 

El Estado no ha contribuido debidamente a informar y realizar las conexiones respectivas de tales desastres con el calentamiento global, salvo excepciones honrosas como la Comisión Nacional de Riego (CNR) y la Dirección General de Aguas (DGA). Por una simple razón: no generar pánico o atribuir estas situaciones a procesos temporales y focalizados.

 

De explicitar estas conexiones, a las autoridades les correspondería admitir que se trata de un fenómeno no temporal, sino de décadas, y que no se trata de casos focalizados, sino de un proceso con incremento de la temperatura de 4°C-5°C en el clima del país, del aumento del nivel del mar e inundaciones de ciudades costeras hasta 82 cms., del derretimiento de glaciares que dejaría sin agua al mismo Santiago por la extinción del glaciar Echaurren, de sequías y desertificación que nos obligaría a modificar la estructura agropecuaria y/o adaptarla; en fin, en el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, se explica en detalle todos estos graves impactos.

 

Les invitamos a generar procesos de diálogo, propuestas y asociatividad indispensables para producir un salto cualitativo en la participación ciudadana ambiental en el próximo 2014. (FIN)